Los derechos de propiedad de la tierra en los planes de gobierno
Los partidos políticos y alianzas que participarán en las elecciones generales de mayo próximo han decidido casi por unanimidad no cambiar la causa profunda de la pobreza rural, es decir, la causa de los bajos ingresos, la mala calidad de vida, los muchos partos y las demasiadas muertes infantiles; la desnutrición crónica, la falta de oportunidades y de esperanzas. Es decir, han decidido que centenares de miles de campesinos, que poseen una o más parcelas de tierra que explotan con su propio trabajo, seguirán sin poder venderlas, hipotecarlas, alquilarlas, o comprar más, y que así seguirán, impedidos de beneficiarse de los mercados de tierras, trabajo, tecnología, bienes y servicios.
Los derechos de propiedad son plenos cuando existe un único propietario sobre un bien (lo que le permite puede excluir a otros) y cuando puede usarlo, disfrutarlo y disponer de él (venderlo, enajenarlo, hipotecarlo, etc.). Los derechos de propiedad plenos sobre la tierra permiten que emerjan los mercados de tierras, es decir, las estructuras que permiten que la propiedad de la tierra pase de unas manos a otras a través de esas poderosas señales que son los precios. Que haya mercados más o menos regulados, que el uso de las tierras se ajuste o no a su capacidad de uso potencial, no afecta en nada al asunto principal: que los mercados facilitan las transacciones de tierras y así favorecen las inversiones, la innovación, el empleo y los mejores ingresos.
Increíble como es, la decisión tomada es común a moros y cristianos. Todos los frentes y partidos están de acuerdo en que el campesino es una especie de niño grande y torpe al que deben proteger al extremo de no permitirle disfrutar de su patrimonio, y que es mejor irse por las ramas. Veamos sus Programas de gobierno:
ADN y FPV no hacen ninguna mención, ni a la tierra agrícola ni al sector agropecuario. Para ellos el sector agropecuario no existe, ni los pequeños agricultores.
CC anuncia: i) un nuevo catastro rural de tierras (¡después de veintidós años de fracaso del proceso de saneamiento!); ii) una auditoría integral al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) (que no tendrá ningún efecto sobre los derechos de propiedad) y nada más.
CREEMOS propone: i) que el INRA termine el saneamiento de todo el país hasta diciembre de 2022; ii) modificar los plazos para la verificación periódica de las FES “para ajustarlos” a los calendarios productivos, y que se pida a quien denuncia el incumplimiento de la FES, que aporte las pruebas, es decir, que haga el trabajo del Gobierno. (Claro, los grandes propietarios no quieren inspecciones y sí, seguridad jurídica para sí mismos, no para los pequeños productores).
LIBRE cree que se debe acelerar el proceso de titulación (se refieren al proceso de saneamiento); ven un problema sólo en el campo administrativo.
MAS no dice absolutamente nada. Claro, prefiere el mecanismo de la prebenda (te doy tierras y tú me das votos), que es lo más opuesto que puede haber al mercado.
PANBOL y JUNTOS se acercan un poco más al fondo del asunto. PANBOL cree que la legislación actual es discriminadora e injusta, pero sólo anuncia vagamente que propondrá una ley para corregir esas deficiencias, para dar mayor seguridad a la propiedad agropecuaria y favorecer las inversiones y producción. JUNTOS, en medio de gran confusión propone: i) levantar la restricción de hipoteca para la pequeña propiedad agraria y la propiedad comunal y de tierras comunitarias de origen y ii) concluir algunas tareas que fueron empezadas (como el saneamiento de tierras y el catastro rural) y otras que nunca fueron iniciadas , como el reagrupamiento de las pequeñas propiedades campesinas, la liberación de restricciones legales a la propiedad agraria como bien transable e hipotecable y la reposición de la adjudicación de tierras fiscales para campesinos.
Reducir la pobreza rural es posible. Pero el medio más sólido para hacerlo no es transferir dinero a los pobres, ni subsidiar su producción, ni venderles bienes y servicios de dudosa calidad a precios rebajados, ni creer que los pequeños productores se benefician con procedimientos administrativos más simples y racionales y en su propio idioma. Es simplemente, reconocer que cada campesino, dueño de una, cinco o diez parcelas de tierra, debe tener el derecho de venderlas, hipotecarlas o alquilarlas como pueda o prefiera, lo que lo llevará a correr los riesgos a que obliga la participación en el mercado, pero también a disfrutar de sus beneficios, y poder optar por otra forma de vida, como es su derecho y muy posiblemente su deseo. Otorgar derechos plenos de propiedad sobre la tierra a los pequeños productores campesinos no sólo les ayudaría a salir de la pobreza, sino que generaría inversiones, empleos y aplicación de nuevas tecnologías, hoy no posibles por la parcelación de la tierra y dispersión de los propietarios. Surgiría un mercado de tierras que permitiría que éstas fluyan hacia los que pueden darle el uso más productivo, generando así grandes beneficios a la sociedad en su conjunto[i].
Pero los políticos están de acuerdo en dejar a los campesinos como están. En el fondo, les place que existan masas pobres y marginales, porque eso les permite aplicarles políticas de beneficencia y cooptarlas; ser poderosos y sentirse magnánimos. No se atreven a romper con el pasado. Por eso están lejísimos de ser verdaderos promotores del futuro.
[i] He examinado el asunto del mercado de tierras con más detenimiento en mi Políticas Agrarias. Cómo analizarlas y decidirlas (La Paz, GEMA, 2010) y en Amargas Cosechas. Una década de políticas agrarias y forestales del MAS. (Cochabamba, FPK/CERES, 2017).