Las Empresas de las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas FF.AA. son propietarias de una serie de empresas que funcionan a cuál peor, y que han sido financiadas con dinero de los bolivianos, porque ni el gobierno ni las FF.AA. generan riqueza que pueda ser transformada en dinero.
Gracias a un informe de El Deber (18/12/2023) nos hemos enterado que las Fuerzas Armadas son dueñas de 12 empresas: Empresa Nacional Automotriz (ENAUTO), Fábrica Boliviana de Municiones (FBM), Fábrica Nacional de Explosivos y Accesorios S.A.M (Maxam-Fanexa SAM), Química Básica Boliviana S.A.M. (Quimbabol $.A.M.), Unidad de Explotación de Recursos Hídricos (UERH), Unidad de Producción Agrícola Bermejo (UPAB), Unidad Ejecutora de Proyectos de Infraestructura e Ingeniería (UEPII), Unidad Ganadera Campo 23 de Marzo (UGC23M), Unidad Productiva COFADENA-Hormigones (UPCH), Unidad Productiva COFADENA-Maquinaria (UPCM), Unidad Productiva Minera (UPM). Entre ellas habría que incluir por lo menos una planta de producción de ácido sulfúrico. La oficina central, además de la coordinación general, realiza el alquiler de maquinaria, equipo y la actividad minera. ¡Qué sorpresa!
Pues sí. Resulta que las Fuerzas Armadas tienen 206 “cuadrículas” para la explotación de oro en Alto Mapiri, en las márgenes de los ríos Mapiri y Kaka. De extremo a extremo estas cuadrículas podrían alojar una carretera tan grande como la distancia de Oruro a La Paz.
Muchas de esas “cuadrículas” han sido entregadas en subarriendo a terceros: cooperativistas o pseudo cooperativistas que extraen oro aluvial. Esas empresas pagan el arriendo a COFADENA. Un juez ambiental prohibió la actividad aurífera en la zona. COFADENA debió expulsar a las empresas, pero no lo hizo. Ahora sabemos porqué. Prácticamente toda la producción de oro de la zona es exportada, evadiendo el pago de impuestos y causando los daños ambientales más grandes.
El informe de El Deber, que se basa en el diagnóstico contenido en el Plan Estratégico 2021-2025 de COFADENA, permite conocer algunos detalles importantes:
Desde 2013 los resultados financieros de la mayoría de las empresas están cayendo. Eso ocurre con la fábrica de municiones, ENAUTO, la unidad de recursos hídricos, la unidad agrícola de Bermejo, la unidad ganadera, la unidad ejecutora de proyectos e ingeniería, y la misma unidad central de administración. Cada caso tiene sus causas particulares: los rendimientos de la caña, el crecimiento del ganado, el alza de precios de un insumo y las dificultades para vender tal otro producto. Pero las causas más profundas son otras.
Las empresas de las Fuerzas Armadas no difieren en absoluto de ninguna otra empresa pública. Han sido creadas por decisión política, no porque los consumidores estuvieran demandando un producto. Todo su capital de arranque ha sido provisto por el Tesoro General de la Nación; ninguna ha tomado un crédito para pagar sus inversiones y operaciones iniciales. Estas empresas no estaban dirigidas a lograr una ganancia, sino a cumplir consignas políticas, como “el sueño paceño de tener una fábrica de azúcar” o el deseo de “no dejarse vencer” por la ganadería privada de Beni y Santa Cruz. Los gerentes de estas empresas no fueron seleccionados por sus capacidades gerenciales, sino por su afinidad con el poder político y los mandos militares. Mientras que los gerentes de las empresas privadas deben huir de las pérdidas y buscar las ganancias, y al hacerlo aprenden a colocar de la manera más eficiente los recursos escasos de que disponen, los gerentes de las empresas militares podían (y pueden) cometer cualquier error en la colocación de los recursos que administraban; nunca iban a enfrentar las consecuencias financieras de sus actos. El gerente-propietario privado puede lograr grandes ganancias, pero también puede perder todo su capital, mientras que el gerente de las empresas públicas puede ocasionar grandes pérdidas, pero seguirá cobrando su cheque de fin de mes y disfrutando de sus vacaciones de fin de año.
Es total y absolutamente imposible que las empresas públicas puedan lograr el mismo nivel de desempeño que las empresas privadas. En éstas, la búsqueda del lucro y la evitación de la pérdida conducen a decisiones rápidas, eficientes, al aprovechamiento de oportunidades. En aquellas, como no existe sanción por las pérdidas, los gerentes pueden tomar decisiones equivocadas, como comprar malos insumos, a precios más altos que los vigentes en el mercado, en cantidades excesivas o insuficientes; cambiar equivocadamente los procesos técnicos, remunerar a los factores por encima de las tasas del mercado, etc. Cada decisión tiene que ser consultada con los superiores, que con frecuencia son burócratas (y, en este caso, militares de carrera), que no tienen la formación adecuada para tomar decisiones empresariales.
Una empresa pública mal manejada genera pérdidas cada año, pero decenas de empresas públicas que pierden dinero nos están llevando a la bancarrota. Para 2024, el gobierno ha presupuestado 1540 M $us en el sector agropecuario y los sueldos de las empresas públicas sumarán 479 M $us.
¿De dónde saldrá todo ese dinero? Naturalmente, del TGN. Y si éste no tiene fondos, el gobierno acudirá a prestamistas que le exigirán tasas cada vez más altas, dada su insolvencia ya conocida. De ahí que proteger los ahorros que los pensionistas han depositado en las AFP sea urgente.
Pero dudo que el gobierno y el Alto Mando de las Fuerzas Armadas reaccionen con racionalidad ante esta información y decidan deshacerse, como se debe, de estas empresas que en un país racional ya habrían sido rematadas. Por el contrario, levantarán un puño en alto y se prometerán seguir avanzando “hasta las últimas consecuencias”. Es decir, hasta cuando estas empresas y las demás, nos lleven a la ruina.
Necesitamos un Alto Mando que entienda que no deben permitir la ideologización de las Fuerzas Armadas, que su función no es producir partes de autos, caña de azúcar o ácido sulfúrico, sino proteger nuestras fronteras, ser el garante último del sometimiento a las leyes y el controlador final de los recalcitrantes que se niegan a cumplirlas.