El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 y el Medio Ambiente

Publicado en por Gonzalo Flores

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 y el Medio Ambiente

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 es el anexo de la ley 342, que ha sido impuesta y promulgada por el oficialismo, evadiendo una discusión que además de obligatoria era necesaria. Examiné lo que dice (y no dice) este documento sobre el medio ambiente, lo que me exigió revisarlo una y otra vez, porque su desorden, repeticiones y confusiones son monumentales.

1. Su diagnóstico

El diagnóstico de este documento dice apenas que Bolivia “está contribuyendo a un orden internacional alternativo”, que quiere “avanzar hacia una economía circular”; describe qué es el cambio climático,  reitera que Bolivia es parte del Acuerdo de Paris;  recuerda que Bolivia tiene muchos bosques que cumplen muchas funciones ambientales;  afirma que antes de 2005 los bosques eran aprovechados “por las élites empresariales” y exagera que ahora la mayoría (10 millones de hectáreas) son gestionadas por Territorios Indígena Originario Campesinos; reconoce que el sector forestal ha sido completamente desarticulado, sin mencionar que fue por obra suya. Reconoce el derecho al agua, declara querer fortalecer la gestión de cuencas; y sostiene que se está haciendo avances en la coordinación y articulación multisectorial, sin decir cuáles son. Nada más.

El diagnóstico no menciona ni siquiera de pasada las acciones y omisiones del gobierno que han resultado en daños ambientales. Por ejemplo, la tolerancia a la deforestación, a la degradación de los bosques, a los incendios de bosques y pastizales y al cambio de uso de los suelos; el continuo incremento en la emisión de gases de efecto invernadero; la acumulación de pasivos ambientales por las actividades relacionadas a hidrocarburos; la inacción frente a la contaminación causada por las minerías, especialmente la aurífera; la parálisis total frente a la erosión de los suelos; el creciente volumen de residuos sólidos y del componente plástico termofijo y de un solo uso; la creciente generación de residuos hospitalarios; la contaminación de los ríos y cuerpos de agua, la contaminación del agua para beber y del aire en las ciudades; el creciente volumen de aguas servidas sin tratar  la vulneración de las áreas protegidas, el aumento de especies en peligro, la contaminación de los alimentos por plaguicidas y la proliferación de materiales de empaquetado. No dice, en suma, que en los quince años del MAS, el medio ambiente se ha degradado mucho más que antes. Al no identificar sus errores, el gobierno se impide mejorar sus políticas y medidas. Todas son una repetición de las medidas de los planes anteriores .

 2. Su enfoque

El PDES repite lo que el gobierno ya ha dicho miles de veces: que está intentando reemplazar la civilización occidental por un nuevo “paradigma”, que es el “vivir bien”. Muy suelto de cuerpo, decide echar por la borda milenios de evolución que han desembocado en la tecnología, la economía de mercado y la democracia para resultar en los niveles de vida más elevados que ha conocido la humanidad desde su nacimiento, y pretende reemplazarlos por unas cuantas ideas mal hilvanadas sobre el colonialismo, el patriarcalismo y el capitalismo. El “vivir bien”, más que una propuesta política, es un sentimiento difuso, una idea vaga sobre lo que quizá es el Paraíso.

 El PDES emplea un concepto restringido de medioambiente. Se restringe a los bosques, al agua, a la biodiversidad y a los desechos sólidos. En ninguna parte el PDES parece estar consciente de que actividades como la minería, la industria, los hidrocarburos y el crecimiento de las ciudades tienen enormes impactos ambientales. De ahí su tendencia a tratar el medio ambiente como si fuese un “sector” de la economía.

Mediante el PDES el gobierno demuestra también que ignora que la política económica ejerce grandes impactos sobre el medio ambiente. No sabe que un gobierno deseoso de expandir el gasto público estará interesado en permitir actividades contaminantes para captar más impuestos, o en prestarse dinero, que podrá ser empleado también en actividades contaminantes; que los grandes proyectos estatales pueden ser también fuente de grandes contaminaciones; que tasas de descuento muy altas incentivan el consumo inmediato de los recursos naturales; que regímenes inadecuados de propiedad llevan al agotamiento de los recursos. El PDES omite también los impactos ambientales del propio gobierno, y ni siquiera insinúa la posibilidad de controlarlos de manera sistemática.

El gobierno desprecia las innovaciones e instrumentos económicos que han surgido en los últimos años para contribuir a manejar el medio ambiente; por ejemplo, los mercados de carbono, los bonos verdes, el intercambio de deuda por conservación, los impuestos ambientales, las multas, los incentivos, los derechos de propiedad y varios otros.

El único operador que el documento considera es el gobierno mismo; el PGDES no prevé la participación de las empresas privadas de diversos tamaños, ni de las oenegés, ni la acción de millones de ciudadanos independientes que sufren por los daños al medio ambiente y quieren protegerlo y protegerse.

Curiosamente, el PDES propone que el gobierno tenga hasta dieciséis “posiciones de país” para “reformar la arquitectura financiera mundial”. Es decir, el MAS quiere cambiar desde un pequeño país de América Latina la estructura y funcionamiento de las finanzas mundiales, mientras deja que sus bosques ardan y sus lagos se sequen.

En un plano más metodológico, sorprende la poca pericia del gobierno en el uso del marco lógico, una herramienta de planificación archiconocida. Resulta incomprensible que lo que en un capítulo se llama “resultado”, en otro se llame “lineamientos de política”, que se cree es un sinónimo de “meta”, y que haya errores escolares en la definición de las acciones, sus indicadores y las líneas de base y final, y en la lectura de gráficos. También, resulta indigesta la mezcla de cambios físicos, de decisiones y de mediciones, cuando la lógica elemental llama a mostrarlos por separado.

El documento no hace ninguna referencia a las contribuciones nacionalmente determinadas decididas (NDC por sus siglas en inglés) en materia de medio ambiente, que son parte inseparable de nuestro compromiso como parte del Acuerdo de París. Es una omisión imperdonable, porque las MND son el primer paso hacia la descarbonización de la economía.

Uno de los productos de la COP26 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNCCC) ha sido la firma de un acuerdo para detener la deforestación hasta 2030. El gobierno del MAS no ha querido firmar esa importante declaración, que bien revisada, no se contradice en absoluto con su credo religioso. No es coherente que un gobierno se declare defensor de la naturaleza y se niegue a suscribir un acuerdo de importancia planetaria para la protección de los bosques.

3. Los yerros del PDES en algunos sectores de la economía

El PDES yerra en varios sectores, pero sus errores son particularmente graves en los campos de las tierras y los bosques, la minería, la energía y la gestión de la biodiversidad.

Sobre la tierra

La propiedad de la tierra y su manejo son centrales al manejo del medio ambiente en cualquier país. En Bolivia, el modo principal de adquirir tierra no es comprarla, sino combinar organización, presión, corrupción y prebenda, que poco tienen que ver con su valor real y uso más eficiente. La gran deforestación que ha alcanzado Bolivia y sus acompañantes, los incendios forestales, son la principal causa de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), pero no son mencionados ni una sola vez en el PDES. Las normas de uso de la tierra se han aflojado en los últimos años. Cada vez es más fácil convertir los bosques a pastizales o a cultivos agrícolas. Eso se podría corregir en gran medida. No se puede admitir que durante los cuatro años siguientes se siga haciendo las cosas como hasta ahora.

Sobre el sector forestal

El PDES quiere poner bajo manejo 15 millones de hectáreas de bosque, cosa que es imposible, ya que la mayor parte de las tierras forestales de producción permanente están bajo control de comunidades indígenas, totalmente ajenas al manejo sostenible de los bosques y porque el gobierno cree partir de un inicial punto de partida de 10 millones, afirmación que es completamente falsa. Habría que cambiar la asignación de derechos al bosque para poder aproximarse a esa meta.

El gobierno reflota la idea de plantar y mantener 150 mil hectáreas con árboles hasta 2025, olvidando que no tiene capacidad operacional ni para plantar 5000 hectáreas anuales, motivo por el que fracasó en lograr las metas que se propuso en años anteriores. Por último, el gobierno quiere tener “control” sobre 183% de la superficie forestal, una meta que es aritméticamente imposible. El PDES no dice ni una sola vez cómo piensa reducir la deforestación y detener los incendios. Quizá fue por eso que el gobierno no quiso firmar la Declaración de Glasgow.

Sobre la minería y temas afines:

El PDES quiere tener 47 proyectos de exploración de recursos mineros, además de aumentar la producción de zinc. No dice absolutamente nada de cómo pretende aumentar la inversión en minería y cómo controlará la contaminación actual producida por las minerías. Peor, no dice nada de la producción minera del norte de La Paz, entregada a operadores extranjeros, que contaminan suelos y aguas sin ningún control.

El litio es una obsesión particular del gobierno del MAS. Invirtió ya $us 703,6 M en tecnologías obsoletas; ahora cambia de opinión y quiere aplicar la tecnología de extracción directa (EDL), pero no ha realizado cálculos financieros realistas ni ha previsto el impacto ambiental de sus pretensiones, porque existen y son fuertes:  el litio forma carbonato de litio, hidróxido de litio y nitrato de litio. El segundo es muy corrosivo y puede impactar severamente la calidad de las aguas y comunidades vivas, humanas o no. Y no menciono la alteración del paisaje ni los impactos indirectos

Sobre la energía

El PDES habla de cambiar la “matriz energética” pero no dice cómo. No menciona que la energía es la segunda fuente emisora de GEI en Bolivia, y no propone ninguna medida para reducirlas. El PDES quiere exportar energía. No menciona que la capacidad instalada es el doble de la demanda, por lo que no se justifican nuevas inversiones para generar energía. Persiste en producir 4129 MW (que en teoría alcanzarían para el consumo interno y para exportar el excedente, un 20%), pero no menciona que por lo menos una parte de la producción de esa energía requerirá de gas (ya no necesariamente disponible), que la venta a Argentina tendría que hacerse a precios que no compensan los costos, que las licitaciones que emplea Brasil ya están contratadas hasta 2028 y que ninguno de los vecinos ha mostrado interés firme en comprar la electricidad boliviana. Por último, propone incrementar el uso de energías renovables en la generación de electricidad en todo el país, pero dice que en 2020 ya estábamos en un 37%, cosa que es completamente falsa. 

Sobre la gestión de la biodiversidad:

El PDES declara querer que todas las áreas protegidas (AP) tengan Comités de Gestión, y diez, medidas efectivas de gestión y control. Son metas irrealizables porque la gestión adecuada de un área protegida requiere de conocimientos especializados, que están mucho más allá de la buena intención de las comunidades locales, y se contradicen con el hecho de que la mayor parte de las AP están sufriendo invasión por actividades no permitidas por la ley, pero alentadas por el gobierno. El gobierno quiere también que 60% de las AP tengan finanzas sostenibles, meta que esconde el hecho de que las recaudaciones actualmente se centralizan en el TGN, cosa que es contradictoria a las finanzas sostenibles. Quiere que 46 especies “paraguas” hayan sido protegidas, meta que no se puede lograr si se permite simultáneamente la alteración de sus hábitats naturales.

Sobre los hidrocarburos

El PDES quiere “reactivar la planta de urea”, producir NPK, tener 19 proyectos de exploración de hidrocarburos, producir 46 MM m3d de gas en 2025 y producir diésel renovable, biodiesel y diésel sintético. No hace mención de la enorme necesidad de invertir en exploración para descubrir  nuevos campos de gas y petróleo, y de mejorar la normativa relacionada con las condiciones fiscales, de precios, contractuales y la seguridad jurídica que rigen las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos a objeto de atraer inversiones privadas para reactivar este sector, porque de otro modo, simplemente no habrá gas disponible para ningún propósito y las importaciones de gasolina y diésel seguirán creciendo. El PDES no menciona los impactos ambientales que ya han causado la exploración y producción de hidrocarburos (la más notable es la apertura de carreteras hacia zonas boscosas y la perturbación de las áreas donde se realizan los trabajos), y ni siquiera insinúa la posibilidad de que las nuevas inversiones (si las hubiera) se ajusten a los estándares internacionales que se están difundiendo en todo el mundo para evitar impactar al medio ambiente. El PDES subestima, al punto de no mencionar, las inconsistencias en la cadena de precios del sector, y los problemas institucionales, empezando por la oscuridad en la gobernanza de de YPFB, su corrupción y la incapacidad de la ANH de controlar el sector.

Sobre la industrialización

El PDES quiere tener dos plantas de zinc para producir 130 mil toneladas de zinc metálico, y una planta siderúrgica en el Mutún, pero no hace ninguna mención a los enormes impactos ambientales de estas actividades ni de la minería aurífera. Juntas, producen deforestación, degradación de bosques, destrucción de hábitats de vida silvestre, contaminación de aguas, suelos y aire y enfermedades que afectan a humanos.

El gobierno insiste (¡otra vez!) en “implementar la industria de la coca”, emprendimiento en el que ha fracasado completamente. La fábrica de derivados de coca ha sido inaugurada y cerrada por el MAS, porque no hay ninguna industria capaz de igualar a la transformación de hoja en pasta y de ésta en clorhidrato de cocaína.

Sobre la agropecuaria

El PDES empieza con grandes declaraciones: quiere polos de desarrollo, sustitución de importaciones de alimentos, soberanía alimentaria, diversificación exportaciones, valor agregado, etc. Sus metas son bastante más modestas: quiere producir 903 mil toneladas de trigo, sustituir el 100% de las importaciones de ese cereal; producir 2 millones de toneladas de frutas y sustituir 100% de las importaciones; producir 924 mil toneladas de hortalizas y sustituir el 100% de las importaciones. No dice ni una vez cómo lo hará si el tipo de cambio se mantiene apreciado y si no hay ninguna innovación tecnológica que permita producir trigo, frutas y hortalizas de una calidad por o menos igual a la de los países vecinos. El PDES no se pregunta por los impactos ambientales de estas decisiones: ¿requerirán más tierras agrícolas? ¿implicarán deforestación? ¿implicarán uso más intensivo de las tierras? En ese caso ¿con qué intensidad de insumos y, por tanto, con qué efectos sobre el agua, los suelos y la calidad de los productos mismos?

El PDES quiere tener seis nuevas plantas procesadoras de leche en operación (sin considerar que hay ya un exceso de capacidades instaladas); quiere acopiar 400 millones de litros, tener plantas de edulcorantes y stevia en polvo, y una planta procesadora de papa. Se nota inmediatamente la desarticulación de estas metas y la ausencia del sector ganadero propiamente dicho. ¿Quiere el PDES más o menos ganadería, dónde y por qué? El asunto de la ganadería no es banal. Tiene que ver con el cambio del uso de enormes superficies de suelo.

En este apartado se puede notar claramente que para el gobierno no existe ningún actor económico fuera de él mismo. Los hechos dicen lo contrario: la producción agrícola, ganadera y avícola son principalmente el resultado de la acción de privados, grandes o pequeños. Por consiguiente, un plan sensato debería dirigirse a facilitar la acción de los actores principales.

Sobre la gestión de riesgos:

El PDES quiere que 60 municipios tengan planes de prevención, alerta y atención de incendios y que 81 tengan capacidades para la reducción de riesgos y desastres. Parte de una mala base: ya más de 200 municipios tienen sistemas de alerta temprana ante la aparición de riesgos (como incendios, inundaciones, eventos climáticos extremos, pérdidas graves de alimentos) y procedimientos para evitarlos, reducirlos o mitigarlos, pero el gobierno central simplemente no lo sabe.

4. Conclusiones

Podría extenderme en varios puntos dispersos del PDES y mostrar su inviabilidad, e incluso, su escasa relevancia. Dejo al lector esa tarea. Me limito a decir que el MAS no aprende, ni por autocrítica, ni por las críticas de terceros. El componente ambiental del PDES parte de un diagnóstico equivocado, insiste en posiciones doctrinarias, se niega a aceptar avances conceptuales y técnicos ampliamente reconocidos en el manejo de los recursos naturales, esconde problemas evidentes y se propone metas no alcanzables.

El PDES contiene errores y omisiones graves sobre el manejo del medio ambiente, especialmente en los campos de las tierras y los bosques, la minería, la energía y la gestión de la biodiversidad. El PDES no menciona ni una sola vez los costos de las acciones que propone, ni cómo se financiarán. El PDES no está compatibilizado con los compromisos internacionales, particularmente con las metas nacionalmente decididas, que son parte integral de la participación boliviana en los Acuerdos de París. El PDES tampoco contiene medidas apropiadas de coordinación con los gobiernos departamentales y municipales.

En breve, el PDES no es una corrección de errores, ni un avance, sino un retroceso. Sólo servirá para cumplir requisitos administrativos. Su costo, en su totalidad, será pagado por los ciudadanos comunes y corrientes, en la forma de impuestos.

 

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