Deforestación: más evidencias sobre el desastre

Publicado en 1 julio 2022 por Gonzalo Flores

Fundación Tierra acaba de publicar un estudio sobre la deforestación en Santa Cruz[1], que al fin de cuentas es sobre la deforestación en Bolivia, ya que los bosques cruceños son el 72% de los bosques de Bolivia. Bolivia es indiscutiblemente, el tercer país más deforestador del mundo. Pocos países destruyen con tanto entusiasmo su capital natural. Resumo los hallazgos principales de este estudio y hago algunos comentarios:

Es indudable que, contando desde 2001, la deforestación total está aumentando. El crecimiento ha tenido cimas y simas, pero no hay duda de que los bosques están siendo destruidos. La superficie total deforestada desde 2001 es de 7.083.852 hectáreas (en adelante: ha), de las cuales 6.114.071 han desaparecido en Santa Cruz.
El promedio deforestado por año está aumentando. En 2001-2005 fue de 130 mil ha. En 2006-2010, de 214 mil ha. En 2016-2021, de 300 mil ha anuales (Sólo en el fatídico bienio 2015-2016 fue de 379 mil ha anuales).
Tomando sólo los años 2001-2021, el estudio concluye que 46% de la deforestación fue autorizada, lo que significa que los gobiernos -especialmente el del MAS- promueven activamente la deforestación.
Concentrándose en Santa Cruz, el estudio informa que de 2001 a 2021, en Santa Cruz se deforestó un total de 3.585.535 ha, la mayoría sin autorización, o con autorizaciones incompletas, ilegales, amañadas o fraudulentas.
El estudio distingue la zona agroindustrial de Santa Cruz, cinco subzonas internas, y un área de expansión (el resto del departamento). El área agroindustrial tiene una superficie total de 2.762.073 ha, de las cuales han sido deforestadas entre 1990 y 2021, 2.352.475 ha, el 85%. Además, en 25 años (1990 a 2015) se deforestó 2.209.597 ha, y en los últimos 5 años (de 2016 a 2021) se deforestó 2.352.475 ha, lo que indica que se pisó el acelerador sin compasión desde 2016. Es un éxito demasiado dudoso del “modelo cruceño”, si es que esa cosa existe.
En los años indicados, en el país se deforestó un total 1.803.903 ha, y en Santa Cruz, 1.495.404 ha, es decir, el 83%. El daño a Santa Cruz es un daño a Bolivia y viceversa.
Una breve mirada a las zonas más afectadas: a) Zona Laguna Concepción: Tiene una superficie total de 814.722 ha. En el periodo 1990-2021 ha perdido 343.931 ha, es decir, el 42%. En los último cinco años se deforestó el 44%. b) Zona Bolibras: Tiene una superficie total de 1.092.425 ha, de las cuales se deforestó entre 1990 y 2021, 548.251 ha, el 50%. En los últimos años se deforestó 163.555 ha; c) Zona San Ignacio: Tiene una superficie total de 1.429.796 ha. Entre 1990 y 2021 se deforestó 443.080 ha, el 31% del total. En los últimos cinco años se deforestó 250.828 ha.
El estudio identifica varias actividades causantes de la deforestación; no hay novedades al respecto. Identifica a la agricultura y ganadería comerciales, pero es claro que la responsabilidad mayor está en la producción de soya, sorgo y ganado de carne, con varias modalidades e intensidades. El estudio no menciona, sin embargo, la especulación como una causal de la deforestación. La especulación de tierras existe, y no se limita a superficies pequeñas.
Los responsables de la deforestación varían entre las zonas. El estudio encuentra a: medianos propietarios (siendo los menonitas muy importantes), productores de soya y sorgo de distinto tamaño; invasores de tierras fiscales de variada naturaleza; grandes empresas –incluso algunas transnacionales- y pequeños propietarios y comunidades rurales que se están volcando progresivamente hacia monocultivos mecanizados, principalmente de soya y sorgo. El estudio menciona acertadamente que la mayoría de los propietarios-incendiarios tiene títulos de propiedad emitidos por el INRA.
El estudio señala con insistencia a la Agenda Patriótica 2025 como la principal responsable de la aceleración reciente de la deforestación. Los autores señalan que hasta 2013 el gobierno del MAS tenía una política diferente, expresada en una serie de normas como las leyes de la madre tierra, la ley 044, y el discurso oficial sobre la madre tierra y el vivir bien, pero que en 2015 dio un giro radical, con la Cumbre Agropecuaria y la formulación de dicha Agenda, que ha inspirado el PDES 2021-2025 y muchos instrumentos de planificación departamental y municipal, e influido en instrumentos técnicos como los planes de uso del suelo. Concuerdo en que la Agenda 2025 contiene una colección de despropósitos en materia agropecuaria y forestal, una búsqueda enloquecida del crecimiento del producto agropecuario, sin consideración a la coherencia de los fines ni de los medios, y alentada, indudablemente, por las alzas de precios de alimentos de los años 2008/098 y 2010/11. Sin embargo, no creo que haya una coherencia lineal entre lo que dice la Agenda y lo que hacen los burócratas del gobierno. Opino que los mecanismos de la prebenda política y la corrupción son más rápidos y eficientes.
Sin quitar ningún merecimiento al estudio de Fundación Tierra, debo decir mi opinión general: En Bolivia existen incentivos legales, financieros y de otro tipo que empujan a la destrucción de los bosques. Al crear el mecanismo de la dotación, la ley INRA creó un incentivo extraordinario a la gente que quería tener tierra: encuéntrala, ocúpala, pídela y la tendrás. A ese influjo, miles de rurales sin tierra o con ella, fueron a por más, primero bajo durante algunos gobiernos democráticos, y después bajo el MAS, y se encontraron con que podían unir sus deseos de tierra con las intenciones de éste de generar una clientela política segura. La invasión de tierras cruceñas por los colonizadores contemporáneos es el resultado de esa alianza.
En las tierras que están tituladas por el INRA, los propietarios pueden usar sus títulos para beneficiarse de los múltiples incentivos que ha creado el MAS para deforestar. Éstos incluyen la necesidad de deforestar una parte de la propiedad para demostrar ocupación y uso; la posibilidad de desmontar bosques sin necesidad de informarlo o requerir permiso, la posibilidad de obtener créditos y subsidios para producir alimentos y “compensar” el daño causado por la deforestación, y muchos otros. Por ejemplo, la creciente flexibilización de criterios técnicos que cambian el status del uso de las tierras y el aflojamiento de procedimientos administrativos, que permiten deforestar o anular el pago de multas por deforestaciones pasadas. La lista de leyes, decretos y otras normas que contienen esos desatinos es muy conocida. Y añadamos a los incentivos la apertura de carreteras, la construcción de puentes, la dotación de infraestructura y de servicios y la oferta de créditos en condiciones muy ventajosas para agricultura y ganadería.
En fin, este estudio contribuye a poner de evidencia las cifras del desastre. Contribuye también a demostrar que lo que ocurre con nuestros recursos naturales es, en gran parte, el resultado de decisiones equivocadas, tomadas a veces con buenas intenciones, no siempre. Hago notar que los incentivos a la deforestación existieron antes del MAS, sólo que con éste se han multiplicado y exacerbado de manera irracional y corrupta.
A mi modo de ver, es imposible detener la deforestación aplicando las sensatas recomendaciones de Fundación Tierra (frenar la expansión del modelo soyero, priorizar el manejo sostenible de los suelos, detener el tráfico de tierras, fiscales, revisar los acuerdos con las colonias menonitas, evaluar la decisión de exportación de carne vacuna, etc.). A lo largo de los años, y yo diría, desde 1995, se ha creado un gran mecanismo pro-deforestación; ahora hay que crear un mecanismo aun más fuerte, pro-protección, que tiene que llegar directamente a los precios de la tierra. Las medidas esenciales para hacerlo son otras: dejar de entregar tierras fiscales a colonizadores como prebendas a cambio de apoyo político; por tanto, suspender la concesión y la dotación de tierras; decidir que los títulos de propiedad otorgados por el INRA permitan la libre comercialización de tierras en todo el país, pero obligar al registro de las transacciones y pago de impuestos; establecer el impuesto universal a la propiedad de la tierra y graduarlo según el tamaño de la propiedad y calidad de suelos; poner fuertes multas a la deforestación; suprimir todos los incentivos legales y financieros; delegar a los autoridades locales una gran parte del control sobre los recursos naturales y ofrecerles incentivos por la conservación; obligar al cumplimiento de todas las servidumbres ecológicas. Implica también generar incentivos financieros a la conservación, ingresar a los mercados de carbono y las finanzas verdes para ofrecer a los propietarios de tierras -grandes y pequeños- un ingreso alternativo a la deforestación, y perfeccionar nuestras instituciones para una mejor gobernanza y monitoreo de los bosques. Pero claro, todo eso requiere de un nuevo gobierno.

[1] Colque, Gonzalo (2022): Deforestación 2016-2021. Fundación Tierra. La Paz.