UN PROYECTO DE LEY ABSURDO Y REGRESIVO

El gobierno del MAS está a punto de cometer un nuevo desatino en materia de administración de tierras y política agraria. A las enormes restricciones al desarrollo rural impuestas por la ley INRA y la ley de reconducción agraria, ha decidido añadir otras, mediante el proyecto de ley 505/2023, que ha concebido para restringir a los extranjeros la adquisición de tierras.  

Las medidas propuestas

El proyecto de ley propone que los extranjeros no puedan comprar tierras de más de 2.000 hectáreas; y que si lo hacen, que sea por una sola vez, siempre y cuando hayan residido en el país durante tres años seguidos. No existe ninguna razón, y el gobierno no la da, para establecer esos límites y ese requisito de residencia.

Propone también que la superficie vendida a extranjeros no sea superior al 3% de la superficie total de tierras rurales, que no sea superior al 8% en municipios que tengan 100.000 hectáreas totales, ni al 3% en municipios de más de 100.000 hectáreas. En este caso el gobierno ha usado un criterio arbitrario, porque no podría demostrar que 3% es mejor o peor que cualquier otro porcentaje. ¿En qué se basó? Simplemente en una aversión irracional a lo extranjero. Se equivocó también, porque la base de cálculo no puede ser la superficie total de tierras rurales, sino la superficie total de tierras cultivables, que son completamente distintas.

El proyecto de ley propone que las comunidades descendientes de extranjeros no puedan ser beneficiadas con la dotación de tierras fiscales. Este es un error grave y discriminatorio. Cuando el inmigrante llegó, era extranjero, por ejemplo, japonés o menonita. Pero sus hijos y sus nietos son bolivianos de pleno derecho, concebidos y nacidos en Bolivia. ¿Por qué tienen que ser discriminados?

En fin, el proyecto establece que los “palos blancos” tendrán una pena de ocho a quince años de prisión (mucho más que la que sufren los que cometen homicidio culposo) y anuncia que también se regulará el alquiler de tierras.

Los supuestos

El proyecto de ley se basa en supuestos equivocados y torcidos, que son parte del discurso oficial, falsamente ecologista y protector de derechos.

El proyecto supone que los bolivianos, en cuanto adquieren el derecho de propiedad de las tierras, las venden a extranjeros, cosa que al gobierno le parece muy censurable. El gobierno olvida que el derecho de propiedad consiste, en la capacidad de alquilar, hipotecar o vender el objeto poseído, además de usarlo y disfrutarlo.

El gobierno está preocupado porque cree que la tierra se está convirtiendo en un “simple objeto mercantil”, que pone en peligro la soberanía del país y desnaturaliza la esencia misma de la propiedad agraria, supuestamente encarnada en la función económico-social de la tierra (FES).  Se equivoca triplemente. En primer lugar, la tierra es un factor de producción, y como tal, debe fluir hacia los que le pueden dar el uso más eficiente. En segundo, no hay ninguna manera de demostrar que los extranjeros propietarios de tierras están poniendo en riesgo la soberanía nacional. En tercero, y lo más grave, es que el gobierno romantiza la pobreza hasta el punto de pensar que la generación de riqueza desde la tierra es una desnaturalización.

Reafirmando errores de la Constitución Política del Estado y de la ley INRA, el proyecto de ley parte del supuesto de que las tierras fiscales sólo deben ser dotadas a pueblos indígenas originario campesinos, comunidades interculturales, afro-bolivianas y campesinas (PIOCs) que no poseen tierras o que las poseen en cantidad insuficiente. Aquí el gobierno incurre en un terrible error de discriminación, porque otorga a los PIOCs unos derechos que niega al resto de la población, es decir, a la mayoría, porque en el momento actual las poblaciones urbanas son mucho más que las poblaciones rurales. Bajo las absurdas normas actuales, cualquier indígena podría conseguir dotaciones de tierras, con mucha más facilidad que una asociación de ingenieros agrónomos, que podrían hacer un uso más racional de ese recurso.

Otro error fundamental es creer que existe una superficie absoluta de tierra, suficiente o insuficiente. Los rendimientos de la tierra, dentro de ciertos límites, dependen no tanto de la superficie de la tierra, como de las condiciones del suelo, las condiciones climáticas, la disponibilidad de agua y, crecientemente de la aplicación de tecnología. De modo que diez hectáreas en las alturas de Potosí pueden ser insuficientes para un cultivador de quinua sin tecnología, pero podrían sobrar para un productor tecnificado.

El gobierno falla también cuando afirma que la “mercantilización” y “extranjerización” está llevando hacia la concentración de tierras. El “land grabbing” existe. Pero, ¿cuánta tierra poseen exactamente los extranjeros y cuándo la adquirieron? No lo sabemos con exactitud. Si el gobierno se ocupara de publicar esa información, veríamos con sorpresa que la mayor parte de las adquisiciones de tierras por extranjeros fueron realizadas durante los años del régimen masista.

El gobierno vuelve a fallar al preocuparse porque la adquisición de tierras puede estar motivada en la obtención “del mayor rédito posible”. Parece ignorar que quien hace una inversión, la hace con el propósito de recuperarla y lograr una ganancia. El deseo de ganancia es un impulsor esencial de los negocios, no sólo en la agricultura, sino en toda la economía, pero el gobierno parece ignorarlo.

Y el gobierno falla otra vez al ignorar completamente el rol de los “nuevos jugadores” ( gente que no participaba de la agricultura pero que posee un capital y está dispuesta a invertirlo, corriendo el riesgo de perderlo) . Los “nuevos jugadores” son quienes pueden realizar el aporte de capital necesario para innovar la tecnología agropecuaria. Comunidades rurales formadas por agricultores pobres no tienen capacidad ni de ahorro, ni de inversión, y por eso no pueden liderar un proceso de innovación agropecuaria. La innovación agropecuaria, la apertura de mercados, las nuevas exportaciones, sólo pueden originarse en inversionistas dispuestos a arriesgar su dinero a cambio de una ganancia.

En fin, el gobierno de Bolivia muestra su alarma porque las adquisiciones de tierras por extranjeros podrían coartar “la libre determinación de nuestros pueblos”. Cualquier observador podría fácilmente identificar que la libre determinación de los pueblos ha sido limitada en los últimos diecisiete años, más por el MAS mismo que por los inversores extranjeros. Ha sido aquél el que ha insistido en la construcción de carreteras que fraccionan áreas protegidas, el que ha desconocido procedimientos de consulta establecidos en la Constitución y el que ha dividido organizaciones que, con todas sus limitaciones, representaban mucho mejor a los habitantes rurales que los aparatos obedientes y prebendalizados con las que fueron sustituidas.

Las consecuencias

No es necesario hacer una larga lista de las posibles consecuencias negativas del proyecto de ley 505/2023. Sólo quiero señalar tres:

• Continuará la compra y venta de tierras a extranjeros, cosa que en sí misma no es un problema. Los mercados facilitan transacciones, las transacciones ayudan a que los factores de producción fluyan hacia los más eficientes; ese flujo resulta en mayor productividad y mayores ingresos. La gente lo sabe y no se inhibirá por la promulgación de una nueva ley.
• Se sofisticarán los procedimientos para evadir los controles. Si ya se inventó la figura del “palo blanco”, pronto se inventarán nuevas figuras que harán el mismo papel. Aparecerán certificados falsos de residencia. Mejorará el negocio de falsificación de pasaportes. Siempre será posible dividir una propiedad grande y venderla en pequeñas fracciones.
• Aumentará la corrupción, porque es perfectamente sabido que cada nuevo control conlleva una multa, y que la evasión del pago de la multa se hace por medio de una coima.

¿Qué debería hacer el gobierno?

El problema no es la venta de tierras a extranjeros. El problema es la destrucción profunda del capital natural, que obedece a una legislación inadecuada y a políticas e incentivos que la favorecen, y el freno a los negocios agropecuarios, particularmente a través de los obstáculos a la comercialización de tierras.

En el supuesto lejano de que el gobierno sufriera un ataque de racionalidad, debería tomar unas pocas medidas fundamentales:

Asegurar que los planes de uso de la tierra sean elaborados con criterios técnicos y científicos por órganos verdaderamente independientes.

Establecer que todo propietario de tierras que haya recibido títulos saneados por el INRA, tenga derechos plenos de propiedad sobre sus tierras, es decir que pueda usarlas, gozarlas y disponer libremente de ellas, incluyendo su venta, sin ninguna distinción de región, condiciones climáticas, tamaño de las propiedades o condición social de los propietarios.

Suspender total y absolutamente los mecanismos irracionales de la dotación de tierras y reemplazarlos por los remates abiertos de tierras, abiertos a cualquier postor.

Favorecer la emergencia de mercados de tierras en todo el país. Las transferencias de tierras deben ser rápidas y registradas adecuadamente. Las cuentas fiscales podrían beneficiarse por una mayor recaudación de impuestos.

Sofocar las tomas de tierras. Éstas son una agresión al derecho de propiedad. La propiedad privada de la tierra, por bolivianos o extranjeros, no daña la “soberanía”, sino que las tomas de tierras estropean el derecho a la propiedad privada, que es esencial.

Pero, en fin, no creo ser escuchado. El régimen quiere que Bolivia sea una confederación regresiva de etnias refugiadas en el pasado; es sordo y está muy bien vacunado contra la Razón.