Cuando sólo reinasen los indios. Una reseña

En esta reseña resumo los hallazgos principales del trabajo de Sinclair Thomson, Cuando Sólo Reinasen los Indios (La Paz, La Mirada Salvaje, 2006).  Este estudio es una investigación sobre el contenido, alcance y orientación de los movimientos indios que sacudieron el mundo colonial andino a fines del siglo XVIII.

Estructura de dominación y mediación en siglo XVII

A mediados del siglo XVIII, La Paz tenía la misma población que Potosí, pero tenía más población indígena. Cada provincia tenía varios pueblos, la mayoría fundados en el siglo XVI al influjo de las reformas del virrey Toledo. Ningún español podía vivir en los “pueblos de indios”, a excepción de los curas.

La Corona obtenía beneficios económicos del territorio colonizado de dos maneras: a) el cobro del tributo en dinero, que pagaban los ayllus, y que se prorrateaba en cada ayllu de acuerdo a la condición del contribuyente: originario, agregado o forastero; b) la mit’a, que era una prestación obligatoria de trabajo por tres veces durante la vida de un sujeto a esa obligación, en la extracción de plata en las minas de Potosí.

La dominación colonial necesitaba de una estructura de mediación. Esa estructura fue dada por el cacicazgo. “Cacique” no es una palabra de origen aymara, sino taíno. Los españoles extrapolaron ese término del Caribe a los Andes. Típicamente, cada marka aymara (“pueblo de indio”) se dividía en dos mitades, Anansaya y Urinsaya. En cada mitad había un cacique. Cada mitad tenía varios ayllus, cada uno a cargo de un jilaqata. Inicialmente sólo se hablaba de markas y ayllus, no de comunidades. Éste término fue introducido por los españoles, a partir de las reformas toledanas, y generalmente se refiere a la unidad más pequeña, el ayllu.

A la conquista sobrevivió una nobleza indígena, con diferentes grados de parentesco con la nobleza inka. Los nobles indígenas fueron reconocidos por la Corona, que igualó al cacique con el hidalgo español empleando el código del mayorazgo. En los Andes, el cacicazgo era un cargo familiar hereditario, principalmente masculino. Muchos caciques eran descendientes de los soberanos inka o estaban emparentados y se esforzaron por demostrarlo de varias maneras, como documentos y pinturas.

Los caciques tenían privilegios importantes: acceso a la tierra, derecho a ciertos servicios de los indios y participación en comercio. Sus obligaciones incluían la administración de su ayllu, la recolección de impuestos y apoyar el reclutamiento y viaje de los mitayos a Potosí. Los caciques intermediaban entre el Estado colonial y los ayllus sometidos. El Estado colonial quería pago puntual de los tributos y obediencia; los ayllus esperaban ser protegidos de cobros excesivos, avasallamientos de tierras, imposiciones de servicios y otros abusos. Necesitaban de un protector porque la legislación colonial igualaba a los indios con menores de edad. Por consiguiente, la identificación de los caciques era ambigua. Pertenecían al mundo aymara, pero formaban un estrato especial y trataban de legitimarse tanto en la estructura jerárquica española como en la india. Se identificaban con el rey español, incluso en su propia heráldica. Apelaban al código español (por ejemplo, hazañas militares que les daban honra), pero usaban el bastón de mando de los indios. No sólo buscaban la tierra, los servicios de los indios y los honores, sino que también procuraban distinguirse de los indios plebeyos, imponiendo una serie de normas de conducta como la prohibición de acullicar coca o usar monteras en su presencia.

La estructura de cargos nativa en los ayllus tenía el siguiente orden: caciques, jilaqatas, mandones, “principales” (ancianos que habían cumplido todos los cargos rotativos). Las reformas toledanas introdujeron: “segundas”, alcalde, regidor y alguacil, y las reformas del siglo XVIII introdujeron otros nuevos cargos en reemplazo de éstos.

El repartimiento forzado de mercancías

El repartimiento o distribución forzada de mercancías fue una causa importante de los conflictos del siglo XVIII. Consistía en que los comerciantes adelantaban bienes a los gobernadores provinciales, que los vendían a la fuerza a los indígenas, a precios superiores a los del mercado. Los bienes incluían: mulas de Tucumán, telas de Quito o España, coca de Yungas y licores de la costa. Se beneficiaban del sistema: los comerciantes, los corregidores y la Corona. Ésta vendía el cargo de comerciante. Esa práctica fue ilegal antes de 1750 y fue legalizada desde entonces.

Los encargados principales de entregar las mercaderías y realizar los cobros eran los gobernadores. Se ha documentado abundantemente los abusos que se originaban en este sistema, que consistían principalmente, en la fijación de precios arbitrarios a los bienes que los ayllus tenían que comprar obligadamente.

Conflictos en el cacicazgo

La posición de los caciques fue muy debilitada desde varios frentes, pero principalmente por sus propios ayllus. Hubo: a) conflictos por el cacicazgo entre nobles indígenas con derechos hereditarios; b) conflictos por el cacicazgo, contra los caciques, por “yernos” y mestizos que habían contraído matrimonio con indias aymara y tenían aspiraciones al cargo; c) comunidades que protestaban contra sus caciques, en protesta por exacciones, cobro excesivo de tributos, abusos y un largo etcétera, que ellos cometían, o por su incapacidad para defender a los ayllus por excesos cometidos por otros. Estos conflictos fueron muy abundantes y minaron el rol de los caciques a lo largo del siglo XVIII.

Un panorama de los movimientos emancipatorios previos

Antes de que surgiera el movimiento tupakatarista, hubo otros eventos. Su rasgo común era un adversario, el Estado colonial, pero variaban en la identificación del adversario, las metas, las alianzas; su duración, extensión y radicalidad. Los más importantes fueron: La Paz, de 1740 a 1770;  Chuani de Ambaná (Larecaja) en 1740; Chulumani, Chupe y Caquiaviri (Pacajes) en 1771; Potosí en 1777 (dirigido por Tomás Katari); Pocoata en 1780; Cusco en 1780 (dirigido por Tupac Amaru); Oruro en 1781. Hubo muchos otros eventos locales.

El movimiento de La Paz fue influido por los de Chayanta, Cusco y Oruro. Tupac Katari se apoyó decisivamente en el prestigio de Tomás Katari y Tupac Amaru.

Es indudable que hubo comunicación entre estos movimientos, lo que no significa que los últimos hayan sido simplemente una reedición de los que los antecedieron. Cada uno debe ser entendido en sí mismo, especialmente en sus metas y alianzas.

Los eventos precipitantes

Los eventos precipitantes de las insurrecciones de fines del siglo XVIII fueron: a) la exacerbación de los repartimientos; b) las reformas borbónicas que dificultaron el comercio; c) la defectuosa instalación de nuevas autoridades en reemplazo de las existentes, en aplicación del régimen de Intendencias.

La exacerbación de los repartimientos consistió en que, a lo largo y ancho del virreinato, los encargados de distribuir mercancías a los ayllus aumentaron la variedad de mercancías, elevaron sus precios y acortaron los plazos de pago, y generalmente unieron esas arbitrariedades con presiones, sanciones y castigos.

Las reformas borbónicas

Las reformas borbónicas (1770) suprimieron los repartimientos, dificultaron el comercio (entre otras cosas, elevando las alcabalas) e introdujeron el régimen de intendencias. Muy probablemente estas reformas estuvieron mal informadas y fueron mal decididas. La supresión de los repartimientos fue tardía y lenta. Los obstáculos al comercio se expresaron en nuevos impuestos, trabas, permisos que dificultaban el movimiento de mercancías. El régimen de intendencias (dictado por la Real Ordenanza de Intendentes de 1782) pretendió crear un nuevo aparato administrativo, que fue diseñado para superar al anterior, pero fue mal informado, tuvo que ser modificado durante su implementación y finalmente fue inutilizado por la emergencia de las guerras de independencia.

El nuevo régimen administrativo consistió de un Superintendente con sede en la capital del virreinato, Buenos Aires; a continuación, los Intendentes (autoridades sobre vastos territorios, llamados intendencias). En el Virreinato del Río de la Plata hubo nueve: Buenos Aires, Paraguay, Córdoba, Salta, La Plata (arzobispado de Charcas, excepto Cochabamba y Potosí); Cochabamba (que incluía a Santa Cruz); Potosí, La Paz y desde 1784, Puno. A continuación, los Subdelegados, que actuaban a nivel de su distrito (partido) y que reemplazaron a los corregidores. El término “provincia”, que antes era la jurisdicción del Corregidor, pasó a ser la del Intendente.

El reparto fue abolido y en principio ya no había un motivo económico para ocupar el cargo. Pero las nuevas leyes mantuvieron el salario de los (ahora) subdelegados. Entonces el cargo atrajo a criollos inescrupulosos y poco distinguidos, que percibieron oportunidades de enriquecimiento.

Objetivos de los movimientos

Los movimientos indios de fines del siglo XVIII tenían asuntos inmediatos, como el reclamo de derechos, el rechazo a exacciones, la demanda de reconocimiento a linajes, la suspensión del reparto de mercancías, etc. La lista de quejas es larguísima (ver por ejemplo, pg. 125). Todos tenían un afán de autogobierno, pero diferían en el grado en que planteaban su separación de los españoles y en la alianza social en la que se fundarían.

Los “programas políticos” se parecían, pero no eran iguales. El movimiento de Chayanta (1777, Tomás Katari), no era rupturista, pero quería un poder propio para los indios. El de Cusco (1780, Tupac Amaru), quería fundar un nuevo orden, bajo el mando de un nuevo Inka y admitía la alianza con los criollos que se sometiesen. El de Oruro (1781), fue más radical, empezó como una alianza de indios con criollos y mestizos, pero rápidamente se descompuso y se volvió contra éstos. El de La Paz (1781, Tupac Katari) fue el más abiertamente racista y también el más violento.

No se debe ver en estos movimientos intenciones de fundar democracias republicanas o sociedades socialistas, ni les corresponden los calificativos de milenaristas, utópicos o mesiánicos.

Tupac Katari

Se sabe que el líder de la insurrección de La Paz en 1781 nació en Ayoayo. Posiblemente su madre era india y su padre, sacristán. Fue bautizado como Julián Apaza. No hablaba español y no sabía leer ni escribir. Se comunicaba en aymara. De joven trabajó como panadero, minero y comerciante de coca y telas. Es probable que hubiera presenciado el sitio de La Paz en 1771.

Cuando inició el movimiento, tomó varios nombres que incluían Tomás y Tupac, y a veces, el título de Inka o rey. Finalmente tomó el nombre de Tupac Amaru y el apellido de Tomás Katari, formando así “Tupac Katari”, nombre con el que se le conoce desde entonces, que intenta conectarlo con el pasado y tiene varias connotaciones simbólicas, particularmente el de “serpiente que brilla”. Se le atribuía también tener algunas de las habilidades de los ch’amakani o “señores de la oscuridad”. Según el autor, había también una asociación con animales depredadores e impredecibles, que igual matan para alimentarse, que raptan jóvenes para violarlas.

La literatura le ha descrito principalmente como violento, temperamental, impredecible, bebedor y lascivo. A lo largo de sus acciones militares, degolló, incendio, colgó, amenazó para generar temor en los enemigos y obediencia en sus propias filas.

No ha dejado ningún registro escrito importante, excepto las cartas que posiblemente escribió su secretario personal, y que constituyen una colección de enredos sin valor documental propiamente dicho.

Las acciones en La Paz

El autor habla de “la marejada de las comunidades”, indicando con esa expresión que una multitud de comunidades se alzó y amenazó a La Paz. Sobresalieron el levantamiento y masacre de Tiquina en 1781, el de Oruro en el mismo año, el ataque frontal a Sorata, el sitio a La Paz, incluyendo el ataque de abril; las acciones de Caracato y muchas otras.

La radicalidad y violencia de esas movilizaciones fue muy grande. Como en otras acciones colectivas similares, muy generalmente las bases desbordan a sus líderes y son capaces de realizar acciones extremadamente violentas, que en estos casos incluyeron palizas, ahorcamientos, degollamientos y descuartizamientos, como ocurrió en Tiquina y Caracato.

Finalmente, las fuerzas españolas resistieron el sitio, rechazaron a los sitiados y capturaron a Tupac Katari. Él, su esposa y otros fueron ajusticiados. La Corona decidió perdonar a los que aceptaron la derrota.

La mayoría de los caciques fueron colaboracionistas con la Corona. La mayoría evitó colaborar con los alzados y algunos incluso llegaron a realizar acciones militares a favor de los españoles.

Después de la guerra

Los indios aceptaron el perdón sólo como una movida estratégica; esperaban a ver si el balance de fuerzas se invertía otra vez. Los comandantes españoles Sebastián Segurola y José Reseguín realizaron acciones de pacificación hasta 1782, especialmente en el altiplano de Omasuyos y los valles de Larecaja, Río Abajo, Yungas e Inquisivi. Las comunidades temían la represión, pero emergían nuevos líderes que querían revivir la causa.

Por lo menos durante dos años el Estado colonial desplegó acciones militares para sofocar por completo los residuos levantiscos. Hubo algunos intentos indios de reiniciar las acciones contra el Estado colonial, como en Guarina, 1782; Pacajes, 1782; Huarochirí, 1782, Jesús de Machaca, 1795.

En la corte colonial se discutía qué hacer. No había unanimidad. Las posiciones variaban desde las que querían ver “mano dura” hasta las más integracionistas. Se discutió muchísimo el rol de los caciques (ver más abajo).

Surgieron los “alcaldes pedáneos”, y los subdelegados, posiciones con competencias limitadas. Los nuevos funcionarios se dedicaron a la recolección de los tributos, con posibilidades de enriquecimiento personal y reprodujeron viejas prácticas: neoreparto, comercio monopólico, servicios personales de los comunarios, clientelismo, manipulación de autoridades indias, castigos físicos crueles, inversiones privadas con el dinero del tributo o con rentas que debían haberse aplicado a las “cajas de comunidad” y otras formas de corrupción e influencias.

Al mismo tiempo, en muchos ayllus, nuevos actores reemplazaron a los caciques en el gobierno comunal, por ejemplo, los jilaqatas, “segundas”, principales, y ancianos que habían cumplido todos los cargos rotatorios.

Situación de la Intendencia de La Paz

Sebastián Segurola (que había dirigido la defensa de La Paz) fue nombrado intendente en La Paz (como Francisco de Viedma en Cochabamba). Diseñó un plan para la “convivencia social”, que presentó en Caquiaviri. “En adelante los indios debían construir sus casas en el pueblo. Las calles debían estar empedradas, limpias y rectas. Las nuevas casas debían seguir la misma rectitud y orden. Debía haber cárceles seguras y tambos adecuados, y escuelas para la alfabetización de los indios y que aprendan artes y oficios. Se debía separar tierras de comunidad para mantenimiento de un maestro local. Las autoridades serían informadas de cualquier mal manejo de los intereses de la Corona. El intendente debía ser informado sobre todas las “Cajas de Comunidad” para regularlas y evitar atrasos en el pago de rentas que se vendían a la comunidad; sería informado también sobre pulperías, para cobrar el impuesto estatal. Los indios debían ocuparse de las actividades agropecuarias. El cambio facilitaría el adoctrinamiento espiritual, las relaciones políticas y la educación en castellano, y atraería los indios a las “costumbres y modales de los españoles”. Pero el intento de Segurola falló en todos sus componentes, excepto en el tributario. En poco tiempo La Paz se posicionó como una fuente de ingresos muy importante para la Corona, a partir, casi exclusivamente, de los impuestos pagados por los ayllus.

El destino de los caciques

Finalmente, el cacicazgo se desmoronó.

Desde el Virreinato habían decidido extirpar los repartimientos de mercancías, las aduanas y la mit`a, para dejar de presionar a los indios, pero también decidieron eliminar las referencias a la genealogía inca, la lingüística y la simbólica, porque querían asegurarse la victoria cultural.

El autor describe las intensas discusiones de las autoridades coloniales sobre si se debía gobernar con los caciques o sin ellos. Al final, las cédulas reales de 1782-83 confirmaron a los caciques, reservando para la Corona el derecho de nombramiento de los futuros caciques. En 1790 se incluyó en la confirmación a los que habían sido leales, a los que estaban fuera del escenario de acciones de la guerra y se garantizó la sucesión de sus herederos; no obstante, hubo conflictos por el nombramiento de los cacicazgos que habían quedado vacos.

¿Quién tenía que recaudar el tributo? Si ya no eran los caciques, tuvieron que ser los subdelegados, cobradores designados u otros funcionarios, incluso algunos que fueron llamados “caciques cobradores”. En 1790 la Real Audiencia decidió que los cobradores designados por los subdelegados no podían asumir como caciques. Los caciques gobernadores españoles y mestizos eran ilegales, mientras que los caciques con derecho hereditario que habían sido despojados serían restituidos. Esa decisión causó una gran tensión entre los intendentes y los subdelegados con la Real Audiencia. El virrey de Buenos Aires intento perfeccionar las medidas, no logró.

En 1798 la Real Audiencia llamo la atención sobre el “estado deplorable” de la intendencia de La Paz. Los puestos de caciques y alcaldes pedáneos estaban siendo vendidos clandestinamente, la corrupción campeaba y la Real Audiencia nada podía hacer para controlarlo.

En el siglo XIX continuaron las tensiones por el tributo. Las protestas obligaron a la administración colonial (de Fernando VII, una vez que reasumió el trono) a devolver el cobro de los tributos a los indios, prohibiéndolo a los españoles y mestizos. La medida generó conflictos, pero las autoridades notaron que “donde las comunidades cobraban tributos por largo tiempo, los pagos eran más estables y regulares”.

En 1815 un nuevo código prohibió que españoles o mestizos cobrasen el tributo y devolvió íntegramente esa obligación a los caciques, a sus descendientes y a los “principales”. Los subdelegados se opusieron.

Finalmente, el cacicazgo fue abolido por las primeras leyes de la nueva república.

Autoridades de un nuevo tipo en los ayllus

Las nuevas autoridades subalternas empezaron a asumir funciones: “contactaron escribanos, hicieron peticiones y denuncias; resguardaron documentos de la comunidad, se reunieron con funcionarios del gobierno, hablaron a nombre de la comunidad, viajaron…”…supervisaron “la designación de autoridades civiles, de pasantes de fiestas, de donantes de gastos comunales; coordinaron turnos laborales y la distribución de tierras comunales”. Ya no eran caciques con derechos hereditarios al cargo, sino indios comunes, por ejemplo, ancianos que habían cumplido con todos los cargos rotativos (th’aki).

Según el autor, las comunidades empezaron a “llevar el gobierno entre sí”. Resistían que otros nombraran a sus caciques; querían nombrarlos ellas mismas, incluso al margen de los pocos candidatos que quedaban con derechos hereditarios.

Se propuso la abolición de los subdelegados. En 1815 se abolió al “cobrador de tributos” especial.

Los ayllus que se alzaron a fines del siglo XVIII tenían sus propios ideales. No eran movimientos demócratas modernos, pero buscaban su libertad y autodeterminación. La crisis del cacicazgo y su reemplazo por nuevos responsables en los ayllus generó continuidades importantes en el autogobierno de éstos, aún observables hoy (como los cargos de los actuales sindicatos agrarios).

Movimientos posteriores, como la participación aymara en la revolución federal y el alzamiento de Jesús de Machaca en 1921 dejaron ver que la aspiración a la autodeterminación persistía.

Un comentario personal sobre este trabajo:

El estudio toca asuntos no suficientemente estudiados por la historiografía conocida. Intenta ir más allá de los hechos, la casuística, y llegar a las intenciones de los actores de los movimientos  indios, a su sentido social.

Tiene el gran mérito de no quedarse en los hechos aislados sino de buscar sus conexiones, que fueron a veces materiales y las más de las veces, doctrinarias.  

Expone con gran detalle asuntos aparentemente menores, pero que informan sobre procesos mayores (por ejemplo, los conflictos por el puesto de cacique provocados por aspirantes sin ascendencia inka).

En conjunto echa luces sobre asuntos poco explorados, permite formarse una idea panorámica de los alzamientos de fines del siglo XVIII y contiene una gran aproximación a las intenciones políticas de los movilizados.

El estilo de redacción del autor puede confundir al lector. Generalmente el autor dice lo que va a decir, luego lo dice, y finalmente lo resume, pero empleando términos diferentes que pueden causar confusión. Con frecuencia intenta extraer conclusiones de hechos que fueron reales, pero que adquirieron significado sólo en conexión con otros eventos. A veces sus descripciones son muy detalladas (como los rituales mágico - religiosos de Tupac Katari); otras, demasiado rápidas (como las delgadas descripciones de los sistemas de repartimiento forzado de mercancías y cobro de tributos).

Sin duda un texto más breve hubiera ayudado a precisar mejor las ideas centrales. Se nota en algunos puntos que la traducción del inglés al español se ha sujetado a la gramática inglesa e incluso ha retenido algunos americanismos. Lamentablemente la edición no ha sido muy pulida. Hay párrafos enteros repetidos (pgs. 100 y 101), los mapas están en páginas diferentes de las señaladas y hay varios errores de mecanografiado. La ausencia de números en los capítulos y los escasos subtítulos empleados no ayudan en la navegación por el texto. Defectos que no restan mérito al trabajo reseñado.