La educación, como un veneno lento

Este año los maestros rechazan la nueva malla curricular, un conjunto desordenado y antojadizo de nuevos contenidos que el gobierno pretende introducir en la educación. Pero en realidad ése es un asunto completamente secundario. La educación fiscal es mala con nueva malla curricular o sin ella. Hoy como ayer, las movilizaciones buscan mayores salarios y casi nada más. Los sindicatos de maestros han adquirido un poder de veto, al punto que una política salarial independiente sería imposible por su oposición. El gobierno está forzado a mantener o elevar los salarios, sin que los sindicatos tengan la menor intención de mejorar la calidad de sus servicios.

Conviene comparar saber cuánto gasta Bolivia en la educación y qué obtiene.

El presupuesto general de gastos del gobierno será, en 2023, de Bs 243.950 millones. De ellos, se destinará a educación 26.364 M, es decir, el 10,8% del total del presupuesto de gastos del gobierno, o el 8,4% del PIB. Un platal. Del dinero destinado a educación se pagará: 17.037 M en sueldos y salarios de maestros, 6.376 M en universidades, 1.974 M en mantenimiento de infraestructura, 193 M en beneficios del sector, 11 M en premios a bachilleres destacados, 50 M en becas, 230 M en educación artística, cultural y capacitación de servidores públicos (¡?) y 473 M en el Bono Juancito Pinto.

Ahora veamos qué recoge Bolivia.

La tasa de asistencia es alta, 93%. Pero la tasa de completamiento de la secundaria es menor. El gobierno habla de 95%; según otras fuentes, es de sólo 86%. El gobierno dice haber erradicado el analfabetismo, pero la UNESCO reporta que casi 8% de los mayores de 15 años y casi 25% de los mayores de 65 años no saben leer y escribir. Las proporciones de estudiantes que al terminar la escuela primaria tienen destrezas mínimas en matemáticas y lectoescritura son bajísimas: 10% y 8%. Eso explica porqué el gobierno no ha osado presentarse a las pruebas PISA, que son una simple medición de cómo el estudiante aplicaría en su vida real lo que ha aprendido en la escuela.

Las universidades públicas ocupan un pésimo lugar en el ranking mundial de universidades: la UMSA está en el puesto 2.178; la UMSS en el 4.124 y la UABJB en el 4.966.     

La educación, que podría ser una palanca para mejorar el bienestar, es en realidad un veneno lento que fomenta la mediocridad, el ritualismo, la renuencia a la competencia y la innovación, y nos está matando a largo plazo.

Salta a la vista que no podemos seguir malgastando dinero de la manera descrita. Hay que cambiar la manera de hacerlo para obtener mejores resultados. Y para ello se imponen unas pocas medidas esenciales.

Para colegios y escuelas: en primer lugar, se debería permitir el estudio libre. Es decir, el gobierno podría definir qué conocimientos y destrezas debe tener un estudiante para recibir el título de bachiller. Los estudiantes podrían adquirir esos conocimientos y destrezas en sus hogares o en escuelas especiales, en tres, cinco u ocho años, no en los doce obligatorios. Paralelamente, se podría autorizar el funcionamiento de muchas escuelas y colegios donde se aplique métodos innovadores, especialmente los basados en las TIC y la IA. ¿Cómo pagar esas escuelas? Dejando de financiar el actual sistema y entregando el dinero en forma de vouchers o recibos no transferibles a los padres de familia para que ellos contraten el servicio educativo que prefieran (actualmente el gobierno gasta 6.983 Bs por cada niño en la escuela). El magisterio tendría que ser declarado profesión libre, pero al vender sus servicios a las nuevas escuelas, los profesores seguirían aportando a un fondo de previsión para jubilaciones y conservarían su seguro médico.

Un beneficio colateral es que ya no existiría un solo empleador (el gobierno), sino muchos empleadores. Se podría barrer de un solo golpe a la casta política fósil que controla y manipula a los maestros y obstruye toda innovación.

A las universidades hay que aplicarles otra terapia.

Hay que ir hacia un nuevo contrato entre la sociedad y las universidades. El país debe especificar qué profesionales necesita y financiar a las universidades para que los produzca. Necesitamos ingenieros en recursos evaporíticos, ingenieros forestales, programadores de computadoras. Eso es lo que tienen que producir las universidades públicas, y no masas de abogados, comunicadores, sociólogos, trabajadores sociales y bailarines. En breve: financiamiento a cambio de resultados.

Naturalmente, habrá que cerrar muchas “universidades”, creadas sólo al abrigo de demandas locales, que no llenan los requisitos ni de escuelas técnicas y contribuyen a formar un ejército de desempleados con título.

Se debe eliminar la gratuidad en la educación universitaria. Formar a un profesional tiene un costo altísimo. Éste puede utilizar la educación adquirida y conseguir ingresos mejores que los del promedio. Por consiguiente, se debe establecer un sistema para la recuperación de costos, que debería ser aplicado también, y quizá en primer lugar, a los que abandonan o cambian de carrera.

Hay que eliminar el irracional cogobierno docente-estudiantil. La elección de autoridades académicas debe hacerse por procedimientos académicos y no por votaciones con campaña. Se debe instalar sistemas de gestión modernos, que aseguren que los docentes tengan el nivel de doctorados, aseguren el mejoramiento continuo y eliminen las roscas administrativas y estudiantiles actuales.

Hay que elevar los estándares inmediatamente. El ingreso a las universidades debe estar condicionado a la aprobación de un fuerte examen de ingreso. El sistema decidirá si el estudiante puede estudiar ingeniería en la mejor facultad o si se lo envía a una universidad de provincia para que se forme como técnico en construcciones, que para eso llegan sus capacidades.

Y lo mismo en los exámenes de aprobación de cada materia. Hay que eliminar el actual sistema (en el que los estudiantes acumulan puntos, de modo que llegan al examen final con la materia prácticamente aprobada) por otro, en el que se jueguen el todo por el todo en un único examen, donde la nota mínima de aprobación sea mucho más alta. Y por supuesto, hay que dar becas e incentivos a los mejores.

Todos estamos de acuerdo en que la educación es una inversión esencial para el futuro del país. Es hora de que empecemos a ver de qué manera podríamos emplear mejor nuestro dinero.