Las pocas libertades que te quedan

Aparentemente, los ciudadanos bolivianos viven en libertad. Pero esa es sólo una apariencia. En la práctica, sus libertades están siendo recortadas gravemente.

Formalmente, el gobierno no impide a nadie pensar como quiere. En la práctica, obliga a que todo empleado público se sujete a su doctrina, la repita, la practique e incluso la difunda mediante sus redes sociales; la coacción llega hasta obligar a los empleados a asistir a los eventos políticos colectivos oficialistas. Ni los niños escapan a esta práctica: son adoctrinados sistemáticamente por sus maestros, quienes a su vez lo han sido en las escuelas “Normales”. El gobierno decide qué deben pensar los niños y jóvenes, tarea que le debería estar prohibida, porque implica una invasión de las esferas privadas de las familias. Por consiguiente, ya no es cierto que todo individuo tiene el derecho a tener sus propias ideas, creencias y opiniones, sin ser coaccionado o influenciado por otros.

La libertad de expresión está igualmente limitada. Formalmente, todo individuo tiene el derecho a expresar sus ideas y opiniones, ya sea de forma verbal o escrita. En la práctica, el gobierno sigue comprando medios de comunicación, directamente, o por medio de sus aliados. Esos medios ya nunca más estarán abiertos a los que piensan de manera diferente al gobierno. El gobierno también financia un gran número de tecleadores, que en las redes sociales repiten sus consignas y atacan a los que piensan diferente, siempre omitiendo argumentos y ofendiendo sus dignidades.

Formalmente, todos tenemos libertad de asociación, el derecho a asociarnos con otros para fines lícitos. En la práctica, esta libertad está sumamente restringida. Los sindicatos libres han sido intervenidos por el gobierno, que posee, desde 2006, sus propias “organizaciones sociales”. Antes, las prefecturas -hoy gobernaciones- otorgaban personerías jurídicas a las asociaciones libres de los ciudadanos. Esta competencia ha sido monopolizada por el gobierno, que niega la otorgación de personerías jurídicas y su renovación a las agrupaciones que pudieran cuestionar sus actuaciones. Innumerables solicitudes de personería jurídica para formar ONGs en el campo de los derechos, la protección del medio ambiente, la modernización de la economía, han sido rechazadas. De ese modo el gobierno impide que los ciudadanos se organicen. El caso extremo es el de la ley 1096, que impone arbitrariamente unas condiciones casi imposibles de cumplir para la formación de partidos políticos, y así contribuye a asegurar que el MAS no tenga competencia política. Nos deslizamos hacia el monopartidismo de manera lenta, pero casi inevitable.

En el papel, todos tenemos libertad de reunión, el derecho a reunirnos pacíficamente con otras personas, sin ser coaccionados o reprimidos. Esta libertad ha sido restringida muchas veces en decenas y centenas de actos públicos convocados por las plataformas ciudadanas, grupos de interés, y a veces partidos políticos. El gobierno no duda en enviar a la policía o a paramilitares a golpear a ciudadanos que protestan pacíficamente, ni duda en apoyar a los invasores de las oficinas de entidades que defienden los derechos humanos, ni en proteger a los productores de oro que invaden las calles de La Paz para mantener y acentuar sus privilegios.

El que cree que puede viajar a cualquier lugar del país, circular como le place, se equivoca. En varias zonas del país, los sindicatos rurales han logrado excluir a las Fuerzas Armadas y a la Policía y se reservan el derecho de paso. Intente viajar por la noche a alguna de las comunidades de colonizadores en Bulo Bulo o Yapacaní: aprenderá que ha perdido su derecho a desplazarse libremente. Atrévase a viajar por avión y descubrirá que es casi imposible escapar del monopolio de la aerolínea del gobierno. Viaje al extranjero y verá las desventajas de portar un pasaporte boliviano.

El derecho a la propiedad privada está seriamente restringido. Ha desaparecido el derecho propietario en la actividad minera tradicional y ha sido reemplazado por un arriendo de los parajes mineros en todo el país, excepto en las zonas auríferas, donde las falsas cooperativas y las empresas chinas imponen de hecho un derecho propietario exclusivo y sin obligaciones. El derecho a la propiedad de la tierra en áreas rurales en el occidente del país es sólo una ficción. Los “dueños de la tierra” no pueden ni alquilarla, ni venderla, ni hipotecarla. Miles de comerciantes son sólo dueños de su mercadería, pero los gobiernos municipales no quieren reconocerles un derecho ganado a la propiedad de sus puestos. La propiedad que los bolivianos teníamos antes sobre una parte de las acciones de YPFB bajo la forma de capitalización colectiva, ha sido confiscada de un solo plumazo en los primeros días del gobierno del MAS. La gente que tenía ahorros en dólares en el sistema bancario ha perdido de pronto el acceso a su dinero; el gobierno insiste en entregárselos en bolivianos, y si se los entrega en dólares, los hace con cuentagotas. Ningún ahorrista depositó sus dólares para que ahora un tercero le niegue el derecho a disponer de ellos como mejor le parezca.

La libertad de invertir, es decir, de disponer de los propios recursos para comprar bienes de capital, generar una producción para satisfacer a los consumidores y de ese modo lograr una ganancia, está terriblemente entorpecida por una gran cantidad de normas, regulaciones, impuestos y requisitos arbitrarios y abusivos, que en conjunto evitan que los dineros privados se transformen en más producto, ingresos y bienestar. De 176 países que figuran en el índice de libertad económica, Bolivia ocupa el lugar 167. La restricción a la libertad de invertir y al derecho a la propiedad privada son la mejor explicación de la persistencia de la pobreza.

La libertad de elección de nuestras autoridades es una de las más estropeadas. El MAS, mediante una combinación de normas jurídicas, manipulación de instituciones, amenazas y actuaciones de hecho, ha logrado controlar el mecanismo que debería servir para que los ciudadanos destituyamos al gobierno cuando nos parece conveniente. Bajo las reglas actuales es extremadamente difícil que de las elecciones generales pueda emerger un gobierno diferente al MAS.

Es innegable: las libertades están siendo restringidas. Al cabo de diecisiete años de gobierno estatista y socialista constatamos que Bolivia ya es uno de los países menos libres del mundo.

No fue, pues, por casualidad, que los liberales convocamos al Encuentro por la Libertad que se celebró recientemente en Santa Cruz. Queríamos decirle al país que estamos hartos de estatismo, socialismo, indianismo y corrupción, y que estamos hambrientos de libertades, progreso, justicia, paz y prosperidad. Que somos conscientes de que para vencer al MAS se necesita una poderosa fuerza opositora.

¿Cómo construirla? Ése será el tema de mi próximo artículo.